Relacionamiento en los puntos de intervención
El acceso a las instituciones públicas facilita en gran medida la labor de supervisión. Pero la supervisión del proceso político es una manera de llegar a un medio. Durante su trabajo de supervisión, se topará con ciertas acciones gubernamentales, o con la falta de ellas, que requerirán de su intervención para lograr sus objetivos. Esto implica el relacionamiento político con funcionarios públicos a fin de generar cambios en acciones, comportamientos y prácticas.
Las actividades de supervisión pueden sacar a la luz irregularidades en un proceso institucional que puede ser muy delicado para los funcionarios públicos. Los malos desempeños, la falta de progreso, la mala gestión de los recursos públicos y las prácticas corruptas requieren una intervención para corregirlos. Naturalmente, esta intervención debe producirse después de que las actividades de supervisión aporten pruebas suficientes. Pero se trata de asuntos delicados, y la intervención cívica en tales cuestiones requiere un cuidadoso relacionamiento con los funcionarios públicos. Limitarse a señalar las prácticas detectadas durante la supervisión no suele dar buenos resultados. Por lo tanto, habrá que entablar un debate más público con los funcionarios públicos e incluso seguir supervisándolos con campañas de incidencia política.
Es posible que los grupos especializados en temas concretos que supervisan un proceso gubernamental tengan como objetivo influir en una política. Por lo tanto, después de haber realizado su labor de supervisión, llegarán a un punto del proceso en el que tendrán que relacionarse con las instituciones para poder influir en la política.
Las actividades de supervisión pueden ser beneficiosas para los grupos que buscan intervenir en la gobernanza y la política, ya que les brinda la oportunidad de entablar relaciones y generar confianza con los funcionarios públicos. No obstante, proteger la objetividad de la supervisión y la independencia política del grupo cívico es esencial para ganarse el respeto de la institución objetivo y la credibilidad pública.
Fomentar las relaciones y preservar la imparcialidad
Los ejercicios de mapeo del poder también son importantes para identificar donde iniciar el trabajo de supervisión. Cuando es difícil acceder a la información, los documentos y las instituciones, hay que encontrar contactos entre los "partidarios" o defensores del gobierno abierto dentro de las instituciones que se quiere supervisar. A partir de esos contactos, podrá empezar a utilizar sus técnicas de supervisión para fomentar el gobierno abierto.
La labor de supervisión destinada a promover el gobierno abierto implica que se deben entablar relaciones con las instituciones seleccionadas y con los funcionarios que las dirigen. Una vez que se ha creado cierta confianza entre los grupos cívicos y las instituciones públicas, éstas eventualmente adoptarán una actitud más abierta. Muy rara vez las instituciones deciden restringir el acceso, y sólo ocurre cuando los funcionarios públicos se muestran hostiles a la participación cívica o a la cobertura de los medios de comunicación. Hay que tener cuidado de evitar esas situaciones, pero también estar preparado para utilizar la presión pública en caso de que se produzcan. La mejor manera de evitar que el gobierno tenga una actitud hermética y de encaminarse hacia una mayor apertura es ganarse la confianza de las instituciones partiendo de la idea de que los esfuerzos de supervisión contribuyen a mejorar el gobierno y el desempeño de la institución.
Una de las formas más comunes en que los grupos cívicos forjan buenas relaciones con las instituciones públicas es mediante memorandos de entendimiento (MdE) para realizar iniciativas de supervisión. Esto es muy común en el caso de una iniciativa de control parlamentario o de supervisión de un programa gubernamental que está a punto de entrar en ejecución. Incluso la supervisión mediante "auditorías sociales" debe contar con el apoyo formal de las instituciones públicas, ya que pueden contribuir a mejorar la gestión de los contratos públicos. Estos memorandos de entendimiento entre una institución y un grupo cívico normalmente suponen que la institución garantice que el grupo cívico tenga acceso a documentos, reuniones y otros encuentros públicos, mientras que el grupo cívico garantiza imparcialidad política, acordando no perjudicar a la institución o al proceso con críticas infundadas, y comprometiéndose a ofrecer recomendaciones constructivas. Para sacar adelante estos memorandos de acuerdo es fundamental que se encuentren canales de comunicación y apoyo dentro del sistema.
Aunque entablar relaciones con las instituciones públicas es importante en el marco de la supervisión cívica, es difícil preservar la imparcialidad y la objetividad en el proceso. Los funcionarios públicos están muy preocupados por su reputación y la percepción que se tiene de su desempeño, y una supervisión y cobertura detallada de su trabajo pueden considerarse una amenaza. Por eso, a menudo se tilda a los grupos cívicos dedicados a este tipo de vigilancia de trabajar para otros bandos (partidos de la oposición, intereses ajenos o incluso organismos extranjeros). Así, puede que los funcionarios públicos quieran condicionar a que un grupo cívico sólo pueda realizar la supervisión si su desempeño les resulta favorable.
Es importante señalar que el rasgo más importante que puede tener un grupo civil dedicado a la supervisión es la credibilidad. Si una agrupación dedicada a la supervisión pierde credibilidad ante el público, los medios de comunicación o los funcionarios públicos porque puede parecer que está sometido a influencias políticas, es difícil que se le tome en serio o que tenga algún efecto positivo a largo plazo. Mantener la imparcialidad y la credibilidad de sus objetivos puede resultar difícil, especialmente cuando las leyes no garantizan el acceso a la información pública y los grupos dependen de la discrecionalidad de los funcionarios públicos. En estos casos, un mapeo del poder, el relacionamiento estratégico con los funcionarios públicos y el tiempo y la paciencia cobran aún mayor importancia.
Evaluar los riesgos en sociedades autoritarias y semiautoritarias
Las iniciativas de supervisión del proceso político constituyen para los ciudadanos un mecanismo para promover la rendición de cuentas y aumentar la transparencia de la actuación gubernamental. Idealmente, la supervisión de la acción gubernamental debería ser un elemento habitual del papel que desempeña la sociedad civil en el proceso político. Sin embargo, en los países en los que el espacio político es limitado o está en vías de desaparecer, las actividades de supervisión de la sociedad civil podrían verse como una amenaza para quienes ostentan el poder. En consecuencia, el acceso a la información puede verse limitado y la capacidad de la sociedad para supervisar la actuación del gobierno se ve obstaculizada, lo que puede dar lugar a amenazas físicas o detenciones. En estos contextos, los riesgos deben considerarse y gestionarse cuidadosamente. Hay que volverse experto en proteger y maximizar el escaso espacio político disponible. En algunos casos, la supervisión puede ser una forma de ampliar el espacio político y hacer oír la voz de la sociedad civil con fuerza. Cuando el espacio para la supervisión y la rendición de cuentas del gobierno es limitado, trabajar en red o en coalición puede ser beneficioso, ya que la unión hace la fuerza y aprovechar las relaciones existentes es fundamental para superar los problemas de acceso a la información y difundir los resultados.